Teheleno: Coherencia

La coherencia es una cualidad o virtud difícil de encontrar en el ámbito de las relaciones sociales, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia. Su propia definición ya indica lo complicado que puede resultar encontrar una "relación lógica entre dos cosas entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas" o una "persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa". La sabiduría popular lo ejemplifica también perfectamente con la frase "del dicho al hecho hay un trecho".

Gran parte del éxito de la vida reside en la capacidad de ingeniárnoslas ante circunstancias adversas e imprevistas, pero eso no significa que siempre estemos sometidos a esa presión y que tengamos que estar improvisando continuamente. Lo que sucede es precisamente lo contrario y la base de toda sociedad humana se encuentra en la organización y en la capacidad de adaptarnos a los cambios cíclicos más cotidianos y tratar de alcanzar unos objetivos comunes de prosperidad y bienestar.

Las leyes y los textos que las desarrollan y las aplican forman parte de esta imprescindible organización, pero con su promulgación no siempre se alcanzan los objetivos previstos. Un colectivo (país, nación, región, comarca, ciudad, tribu...) que cambie o reforme sus reglas o estrategias de convivencia cada poco tiempo no parece que sea un modelo de coherencia o estabilidad. Lo mismo sucede cuando se proclama como doctrina económica general el liberalismo y luego se regulan determinados mercados de forma que resulta imposible la libre competencia o que se cumplan los principios básicos que la inspiran.

A este respecto, la situación y el contexto cada sector productivo resultan complejos y no voy a valorar cómo están polémicamente regulados algunos de ellos, como el energético, a través de normativas y reglamentos que me parecen un autentico contrasentido, respecto a la finalidad que debe tener toda sociedad de disponer de una energía asequible y ecológicamente sostenible.

Presuponemos que los gobiernos que elegimos velan por nuestros intereses, pero observo con preocupación que sus decisiones cada vez me parecen más incoherentes con la realidad social que nos toca vivir y a ellos les corresponde administrar.

En mi modesta opinión, un sector en el que se manifiesta una profunda incoherencia es precisamente el de mi profesión: la comunicación. Hay una parte del sector que tiene una regulación mínima y que funciona en base a una libre competencia de mercado, como es la prensa (periódicos y revistas) y los portales de internet. Cualquiera que respete unas mínimas reglas de convivencia y respeto puede publicar lo que quiera a través de estos medios. Y si no es correcta o veraz la información que se ofrece, son los tribunales quienes deben corregir los defectos o excesos de la persona o empresa que los difunde.

Sin embargo no sucede lo mismo con la radio y la televisión convencionales: para utilizar el espectro radioeléctrico se precisa obtener primero una licencia de emisión, que concede una administración pública, para luego poder disponer de una frecuencia que permita hacer llegar a través de las ondas los contenidos que se pretenden distribuir entre la población de un determinado territorio.

No estoy de acuerdo con este sistema de licencias, pero no voy a discutirlo ahora, sino que voy a ser práctico y aceptarlo como fruto de un acuerdo político, a mi juicio erróneo, respaldado por una mayoría social expresada a través de las urnas.

Como nuestros legisladores y gobernantes, elegidos democráticamente por nosotros, actúan de buena fe y persiguen el bien común, para la adjudicación de licencias de radio y televisión, convocan los correspondientes concursos públicos para que sean gestionadas por empresas de la comunicación. Se da, además, la circunstancia de que este sector es uno de los que mayor índice de desempleo arrastra entre titulados universitarios y técnicos locales, por lo que la ocupación de estos profesionales debería ser una prioridad, para garantizar unos contenidos lo más idóneos y veraces posibles.

Resulta coherente que el pliego de condiciones para acceder a las licencias contemplara esta situación, al igual que los condicionantes de la insularidad de nuestro archipiélago, e incluso debería permitir la retirada de la licencia cuando la empresa adjudicataria no cumpla lo que ha prometido para obtener la frecuencia concedida.

Entiendo que estas convocatorias deben respetar la legislación española y europea en materia de libre concurrencia de empresas de todo el territorio comunitario a estos concursos públicos, por lo que también resulta posible, aunque poco coherente, la ocupación de estas frecuencias por parte de empresas radicadas en cualquier país de la Unión Europea.

Lo que ocurre es que una vez celebrados los concursos y analizada la realidad de nuestro espacio radioeléctrico más próximo, comienzan a asaltarme las dudas. ¿Emiten actualmente algún tipo de programación de interés local todas las empresas concesionarias de licencias de radio y televisión que participaron en la última convocatoria? Si no lo hacen ¿quienes redactaron las bases de los concursos previeron que se pudieran recuperar las licencias si no se emitía programación de interés local durante un tiempo determinado? En caso de que no estuviera previsto, ¿puede constituir esta omisión un delito o un despiste subsanable? Y en caso de que esté previsto ¿es un delito o despiste subsanable no recuperar la licencia para volver a sacarla a concurso, ya que se está perjudicando a profesionales que no están siendo contratados para realizar esa función y privando a la audiencia de un medio de conocimiento y expresión?

Pero éstas no son mis únicas dudas: ¿Están emitiendo las empresas que obtuvieron las licencias con los requerimientos técnicos y de contratación de personal que se comprometieron a cumplir para conseguirlas? De no ser así ¿Hay previstas sanciones o la posibilidad de retirarles las licencias a las que no cumplan? Y si no es así ¿es este error un delito denunciable o un despiste subsanable que precisa corrección?

Dentro del actual contexto, el incumplimiento de las bases de un concurso público es equivalente a un fraude a Hacienda o a la Seguridad Social, ya que se priva a la sociedad de recibir servicios de calidad comunes para todos y, lo que percibo al mover el dial de mi radio o al cambiar de canal en el televisor, incoherencias aparte, es que no se están cumpliendo los objetivos de comunicación que debe tener toda sociedad avanzada, aunque siempre existen algunas excepciones, dentro de las cuales se incluyen, paradójicamente, algunas empresas que tratan de desempeñar esa tarea dentro del limbo de la 'alegalidad'.