domingo, 17 de abril de 2016

Hutegualen: Documentos

Durante las próximas semanas seguiremos siendo testigos de la aparición de nuevos documentos relacionados con los denominados 'Papeles de Panamá', que comprometerán la imagen pública de políticos, empresarios, artistas, deportistas y personalidades de cierto renombre.

Los once millones de documentos en poder del Consorcio Internacional de Periodistas dan para mucho, pero también se necesita tiempo, conocimientos y rigor informativo para dar a conocer, con la mayor precisión posible, lo que realmente ha sucedido en cada caso con las personas cuyos nombres y apellidos aparecen en esos contratos.


Crear o formar parte de una sociedad 'off shore', generalmente radicadas en paraísos fiscales declarados como tales o más o menos encubiertos, no constituye un delito, pero supone, como mínimo, una decisión que puede comprometer los valores y los deberes consecuentes con la pertenencia a un grupo, colectivo, proyecto, país, patria o nación.

Como ciudadano nacido en un Estado que forma parte actualmente de la Unión Europea poseo un buen número de derechos y otro no menos importante de obligaciones, sobre todo en lo que se refiere a colaborar con mi esfuerzo, especialmente en materia fiscal y tributaria, a que los demás ciudadanos, mejor o peor favorecidos, puedan disfrutar de las mismas oportunidades y acceso a servicios públicos que están a mi disposición.

Por eso, si decido firmar un contrato para pertenecer a una sociedad 'off shore', lo primero que estoy haciendo es impedir que se redistribuyan los excedentes que pueda llegar a generar en el desarrollo de mi actividad empresarial o profesional, porque los salarios no generan beneficios a quien lo percibe, sino, en las mejores circunstancias, algo de ahorro, que también es una forma de riqueza y con capacidad de promover mejoras sociales.

Para desarrollar una actividad legal de importación y exportación o de comercio internacional no es necesario fundar una sociedad 'off shore', salvo que lo que se pretenda sea que los rendimientos que se obtengan en esos negocios no cumplan con las obligaciones fiscales de cualquier empresa con sede en nuestro país o en cualquier otro con cierto grado de desarrollo económico y social.

Formar parte de una sociedad 'off shore' implica situarse por encima del resto de ciudadanos que comparten un mismo origen, pero también de aquellos que trabajan en otros territorios para dar rentabilidad a una inversión ajena. En ambos casos, se trata de un acto insolidario que, desde un punto de vista sentimental (y también desde uno militar en caso de guerra), equivale a una traición. Para algunos, incluso, una Alta Traición.

Porque quien renuncia a cumplir con sus deberes ¿no tendría que renunciar también a sus derechos, a su nacionalidad, a su pasaporte...? ¿No comporta algún tipo de incompatibilidad tener el dinero en un paraíso fiscal a través de una sociedad 'off shore' y ejercer como figura influyente dentro de la sociedad a cuyo bienestar colectivo no quiere contribuir?

En las próximas fechas vamos a ver desfilar por los medios de comunicación, gracias a un trabajo periodístico que hasta ahora ha sido impecable, a algunos personajes encumbrados como representantes de la denominada 'Marca España', que han estado recomendando a sus compatriotas que se 'ajusten el cinturón' y que bajen los salarios en el país para ganar en competitividad.

Y llegados a este punto, me pregunto: ¿No ganaríamos también en competitividad si pagaran aquí los impuestos que correspondieran a la actividad de sus sociedades 'off shore'? ¿No sería más sostenible nuestro Estado del Bienestar si se invirtieran aquí esos excedentes y ofrecieran mayores salarios, que, a su vez, generarían mayores ingresos al sistema público de redistribución de la riqueza, tanto fiscales como por cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Unos mayores salarios no incrementarían el consumo y eso generaría mayor riqueza y, de nuevo, mayores ingresos fiscales procedentes de la actividad comercial?

Hace no mucho tiempo, algunas personas relevantes que actualmente se encuentran en prisión o tienen causas abiertas en tribunales de justicia ofrecían conferencias, pagadas generosamente con dinero público, en las que afirmaban que los apuros económicos que padecemos proceden de una crisis de valores y que de esta situación se salía trabajando más y ganando menos.

Si las recomendaciones de estos 'profetas' encarcelados o camino de una celda no ha dado resultado en los últimos años y es la misma que las que defienden los que aparecen vinculados a sociedades 'off shore', ¿qué nos impide cambiar de facultativos o de receta?

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